El ataque a las defensoras de mujeres-madres y sus hijxs. (Necesitamos una reforma judicial feminista)

Hace tiempo que las feministas vienen denunciando que lo justo no se juega solo dentro de las paredes de los edificios del Poder Judicial, sino que hay actores visibles u ocultos que inciden directa o indirectamente en los resultados de cada denuncia o juicio. 

Mucho se sabe y se ha escrito sobre las dificultades del acceso  a la justicia, ya sea por motivos de pertenencia de clase (pregúntenle a las personas en situación de pobreza), por motivos de género (pregúntele a mujeres-madres-protectoras, infancias, personas trans, travestis y lesbianas) o por motivos de raza (pregúntenle a los no-blancos/as).

Cuando las mujeres denuncian y buscan justicia por incesto-paterno-filial contra sus hijos o hijas, en general no tienen idea acerca de las medidas de disciplinamiento y castigo  que desde el Poder Judicial pueden generarse contra ellas. Muchísimos operadores judiciales (jueces y juezas, fiscalas/les, trabajadoras/es sociales, psicólogos/as y psiquiatras)  accionan desde su ideología machista contra aquellas que osan denunciar a los varones, pues parten del prejuicio cultural que sostiene que “esas madres le meten ideas falsas a sus hijos” o “no hay nada peor que una mujer despechada”

En el campo judicial usan una construcción ideológica llamadas “sindrome de alienación parental”, “implantación de ideas”, “co-construcción del discurso” y otros términos similares. Su uso tiene como objetivo encubrir y proteger a agresores sexuales de las infancias pero su acción no termina ahí, sino que organizaciones de varones machistas, abogados/as, psiquiatras psicólogos avanzan contra las mujeres profesionales que defienden legalmente., sostienen terapéuticamente y otras como peritos de parte a esta niñez agredida y a sus madres, presentando contra aquellas denuncias penales, acosándolas en las redes sociales y hasta llegando a atacarlas físicamente mientras la mayoría de los Colegios de Psicólogos nada hace por las colegas agredidas.

El Estado Argentino nos exige a les profresionales denunciar los abusos sexuales y, cuando lo hacemos, quedamos a merced de un Poder Judicial machista y de organizaciones de varones violentos.